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La RSC, la sostenibilidad o los criterios ASG (todos ellos están enfocados a factores ambientales, sociales y de buena gobernanza) ya no son una moda pasajera y, desde la implantación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la creciente regulación legal y convencional de informes no financieros (derechos humanos, medioambiente, transparencia y buen gobierno), la tendencia no ha hecho más que reforzar la idea de que la ética no solo es necesaria para las sociedades y rentable para las empresas, sino que, además, debe acreditarse para que las declaraciones no sean un mero greenwashing o pura cosmética. El auge del compliance o cumplimiento normativo y la existencia de numerosas certificaciones, auditorías y regulaciones en materia de sostenibilidad son la prueba de ello.